Giordana Larramendia, asesora legal de la Representación Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería Argentina, visitó Caracas, la capital de la nación bolivariana, con una apretada agenda, para promover los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. A tal efecto, sostuvo reuniones con el titular oficial de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruiz, con el afán de intercambiar experiencias y evaluar la cooperación en materia de protección de las personas LBGTIQ+. Al igual que con el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, en la sede del Ministerio Público, donde compartieron «ideas e informaciones relacionadas con los temas inherentes a la protección de este sector vulnerable de la sociedad», según indicó el funcionario venezolano en Twitter.
Sobre las citas, el embajador de Argentina, Oscar Laborde, quien también participó en los encuentros, señaló, en su cuenta de Instagram, que conversaron “sobre el trabajo de la Defensoría (del Pueblo) y futuros proyectos de intercambio de buenas prácticas y asesoramiento técnico”. Y «sobre los avances del Ministerio Público Fiscal en la materia, intercambios de experiencias y asesoramiento técnico.»
LA AGENDA
Giordana Larramendia, quien participó del III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del 20 al 24 de marzo 2023, en el panel “Nuevos desafíos en la defensa de los derechos humanos: uso de datos y advertencias sobre su impacto en la vida de mujeres y personas lgbtiq+”; durante su visita dictó una conferencia en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), en la que destacó los métodos que la sociedad argentina implementó para avanzar en el acceso a derechos para la comunidad LGBTIQ+; y que, además, propició un interesante debate sobre la conquista de derechos para la población LGBTIQ+ en la región y planteó la interrogante de cómo adaptar estas experiencias al contexto venezolano.
Larramendia, inició su intervención con un repaso histórico de los cambios legales, que permitieron, la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, expresión e identidad de género, en los años 90; el matrimonio igualitario, y garantías para el acceso al trabajo de las personas trans, sancionada en 2021. Otro tanto, haría, en la sala Juan Germán Roscio, de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, donde acudió invitada por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, Padre Luis María Olaso, para dictar un taller sobre Herramientas para facilitar el acceso a derechos de personas LGBTIQ+.
El Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y más) un proyecto que tiene como propósito documentar, sistematizar e identificar las formas de violencia que experimentan las personas LGBTIQ+, logró documentar 60 casos de agresiones contra personas LGBTIQ+ entre enero y abril de este año en Venezuela, entre ellos discursos de odio y lenguaje discriminatorio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas, de acuerdo a un informe presentado por la organización.
DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA
Hablar de diversidad sexual es hablar de la vida cotidiana, del amor, de la identidad, de las relaciones entre las personas y de los derechos humanos. Por lo tanto, hablar de diversidad sexual es hablar de la historia de la humanidad. Diversidad sexual en Argentina se refiere en particular a la situación de los colectivos LGBTIQ+ (lesbianas,
Argentina, logró para el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, un legajo de normas: Se trata de la Ley N° 26.618 –socialmente conocida como “ley de matrimonio igualitario”–, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1006/2012, la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Ley 26.862 de Reproducción Asistida y la reciente reforma y unificación del Código Civil y Comercial. En los actuales momentos, en la Cámara de Diputados de la nación argentina, se presentó el proyecto, denominado Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans, con carácter vitalicio de una percepción a todas las personas travestis y transexuales de más de 40 años, hayan o no realizado la rectificación registral del acta de nacimiento y DNI.
Estas conquistas legales, nos dicen que en la nación argentina se ha dado una serie de transformaciones en las demandas por los derechos relacionados con la diversidad sexual, que implica un cambio en la manera de concebirlos: ya no centrados exclusivamente en colectivos específicos, sino situados en el plano de la ciudadanía en general.
En ese camino, se inserta la tarea del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en pos del reconocimiento y la puesta en valor de la diversidad sexual y afectiva. Desde la perspectiva del INADI, se entiende la diversidad en contraposición con la jerarquización de grupos, relaciones y prácticas sociales, a partir de reconocer que las diferencias deben comprenderse desde la historia y la especificidad de los contextos sociales.
El INADI interviene para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas en igualdad y dignidad. Se ha constituido históricamente con el objetivo de diseñar e instituir políticas para construir un Estado que respete y proteja los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos, y asuma la responsabilidad de hacer que se cumplan; un Estado que promueva la libertad y la diversidad como fundamentos democráticos, y el derecho a una sexualidad libre de coerción, violencia y discriminación.
